La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) celebrará el próximo 6 de junio una Asamblea General Ordinaria marcada por un creciente clima de descontento interno.

La cita servirá para aprobar —o cuestionar— el balance y las cuentas del ejercicio 2025, además de la memoria de actividades del mismo periodo. Sin embargo, más allá del trámite administrativo, la reunión llega en un contexto de críticas cada vez más visibles hacia la gestión de la actual dirección encabezada por Daniela González.

Tras la polémica Asamblea del 21 de febrero, donde se aprobaron nuevos estatutos que alteraron el equilibrio democrático interno de la organización, el malestar ha dejado de limitarse a conversaciones privadas para trasladarse al debate público entre representantes de sociedades musicales de distintas comarcas.

Hemos podido saber que se halla en trámite una demanda civil ante los juzgados de Valencia, con argumentos de irregularidades en el transcurso de la asamblea de febrero con una petición cautelar de congelar la inscripción reglamentaria de los nuevos estatutos hasta la sentencia correspondiente.

Transparencia en la gestión

El clima de crítica ya no se centra únicamente en cuestiones formales o de representación, sino que apunta directamente a la manera en que la Federación está gestionando recursos, prioridades y estrategia institucional.

Informe DANA

El caso DANA es el ejemplo más llamativo en este apartado. No es descabellado afirmar, la sociedad civil lo exige en estos casos, que una campaña de más de un millón de euros como la gestión de ayudas de la DANA exigía trazabilidad de cada euro, cada donación, cada instrumento, cada compra, cada descuento en esas compras y cada entrega. Deberían haberse presentado ingresos diferenciados, donaciones en especie, material comprado, descuentos obtenidos, material entregado, beneficiarios individualizados, criterios de valoración, gastos de gestión y una conciliación final entre lo recibido, gastado, entregado y pendiente.

El informe de la DANA entregado por la Junta Directiva de la FSMCV para su control en esta Asamblea, prolijo en fotografías, imagen y temas de comunicación de la campaña, recoge datos que justifican pedir aclaraciones económicas que no están para nada claras: 23 sociedades afectadas, daños estimados que pasaron de 2 a 5 millones, ingresos enunciados en el informe de entre 1,5 y 1,6 millones de euros que no se reflejan después en el detalle,  ingresos reales por 1.024.185,50 €, gastos reales por 1.117.395,35 €, resultado negativo de 93.209,85 €, y una aportación de la propia FSMCV de 73.000 €, sin que aparezca una conciliación completa sociedad por sociedad quedando todo mezclado: donaciones en especie, en efectivo, entregas propias y externas, nula identificación de los sujetos receptores de las ayudas… Dicho por directivos de sociedades musicales afectadas directamente de la comarca de l’Horta Sud con las que ha hablado este medio, “económicamente el informe no hay por donde cogerlo”. Desde LasBandas nos preguntamos si la reciente dimisión del Presidente de la comarca tiene relación con este tema, aunque Vicent Lluna no haya hecho declaraciones al respecto.

Pleito perdido que se pretende ocultar a los asociados

Por su parte, el periódico lasBandas y su corralato online lasbandasdemusica.com sufrió un ataque inusitado e incomprensible al intentar la federación cancelar el contrato con la empresa editora, La Traca, Publicacions Valencianes SL tras dejar de abonar las facturas de 2022. Los tribunales dieron la razón al editor y la práctica mercantil dice que la FSMCV debió de incorporar la cuestión a sus auditorías, primero como provisión en la de 2024 y luego como hecho relevante por transparencia y circunstancialidad, en 2025, pero no lo ha hecho.

Existe en firme una sentencia condenatoria para la FSMCV de 6.500,04 €, un segundo monitorio de 8.125,05 € -pagado tras la coerción de la primera sentencia-, más intereses, costas y una tasación de costas oficial pendientes todavía de 1.053,71 €, hechos económicos de los que no se aprecia explicación separada en la documentación de auditoría de 2024 ni de 2025. Nada figura en la documentación ofrecida desde la FSMCV a sus asociados sobre este tema. Unos 20.000 euros entre principal, intereses y costas.

Ambos temas, informe DANA y sentencia condenatoria, parecen cuestiones irrelevantes para la auditoría externa de la FSMCV que dice que no existen temas económicos extraordinarios en las cuentas de la entidad ni en 2024 ni en 2025. ¿Seguro que se informó correctamente al auditor?, o ¿se ha intentado ocultar a los asociados lo relacionado con los movimientos contables asociados? Y si es así, ¿Con qué propósito? Casi todo está ya liquidado, pero para cobrar las últimas cantidades incluidas en la sentencia se ha tenido que presentar una demanda de embargo de las cuentas federativas.

El comportamiento de la empresa editora de lasBandas fue respetuosa con la FSMCV. En ningún momento informó del procedimiento judicial ni cuando se interpuso la demanda ni cuando se sentenció, y durante todo el periodo ha seguido publicando las informaciones más relevante tanto online como en papel, sin emitir ninguna opinión crítica contra la junta directiva ni contra su presidenta.

Conclusión de fondo: la actual dirección puede cumplir la transparencia formal, pero no ha interiorizado la cultura de rendición de cuentas clara, separada y comprensible ante las sociedades.

Fuentes consultadas dentro de distintas sociedades musicales coinciden en un diagnóstico general en este tema que se repite en otros aspectos de la gestión: la FSMCV ha intentado reforzar su presencia institucional durante los últimos años, pero esa proyección exterior no se ha traducido en una mejora que haya sido percibida por parte de las entidades federadas.

Además, se estima que ha desaparecido el alma reivindicativa. La crítica más repetida es que la organización “mira más hacia dentro que hacia fuera”, priorizando campañas de actos públicos y relaciones institucionales amables frente a la resolución de problemas estructurales de las sociedades musicales y un mayor conocimiento del colectivo en el ámbito de la ciudadanía en general. La potencia reivindicativa de las presidencias anteriores de José Almería y Pedro Rodríguez ha desaparecido. Almería consiguió defender a los asociados de los recortes planteados como consecuencia de la gran crisis de 2008-2012, Rodríguez se despidió con un balance que representaba que se habían doblado las ayudas al colectivo en su periodo de presidencia. González no puede presentar ningún balance al respecto porque la fuerza negociadora de la entidad se ha diluido en estos años.

El programa con el que Daniela González accedió a la presidencia en 2022 se articulaba bajo el lema “Un futuro con música”. Pero la valoración cambia cuando se analiza el impacto real de sus políticas sobre las bandas y sociedades musicales de base. Numerosos representantes consideran que la Federación se ha alejado de las necesidades cotidianas de las entidades locales, especialmente en aspectos vinculados a financiación, apoyo jurídico, gestión burocrática y coordinación territorial.

La sensación de distancia entre la dirección federal y las sociedades musicales se ha intensificado tras la aprobación de los nuevos estatutos. Para muchos dirigentes comarcales, la reforma consolidaría un modelo menos transparente todavía, más centralizado y menos participativo. La crítica apunta a que la actual dirección ha reducido espacios de debate interno y ha concentrado las decisiones estratégicas en un núcleo muy reducido, menor incluso que la Junta directiva dado que a efectos prácticos parece que las decisiones importantes se toman entre 2 ó 3 personas.

La declaración de Bien de Interés Cultural no ha influido en las políticas de la FSMCV para articular un nexo reivindicativo en aplicación de las leyes patrimoniales.

Las Escuelas de Música, las grandes olvidadas

También se reclama una política más cercana a las necesidades reales de las escuelas de música, especialmente en un momento en el que muchas entidades afrontan dificultades económicas derivadas del aumento de costes laborales, energéticos y de mantenimiento. Algunas voces consideran que la Federación ha dedicado demasiados esfuerzos a consolidar su papel institucional mientras las sociedades musicales siguen enfrentándose prácticamente solas a los problemas del día a día.

Analizando las cuentas presentadas recordamos que el programa 2022 prometía mejoras en planes de calidad, convenios con administraciones, programa de necesidades educativas especiales, centros supramunicipales, webs propias, actualización de gestión, innovación, investigación, coordinación con otros niveles educativos, formación del profesorado, publicaciones didácticas y representación educativa.

Sin embargo, en la propia información contable otorgada por la entidad se muestra que los recursos destinados a los “Retos Educativos” en las cuentas de 2025 fueron 5.160 € para el Centro de Estudios y 11.203,53 € para la Xarxa d’Escoles, no llegándose a cubrir siquiera los 22.000 euros presupuestados inicialmente. Comparar esa cifra con más de 300.000 € de estructura organizativa, unos 60.000 € de comunicación y más de 150.000 € en retos artísticos, previstos para 2026, lo dice todo.

Hechos como este han llevado a que más de un centenar de escuelas de música de sociedades federadas presentaran un escrito a la FSMCV en meses pasados donde se ponían a disposición de la entidad para relanzar la olvidada y desatendida “Xarxa de escoles” siendo incomprensiblemente despreciada y ninguneada esta iniciativa por la Junta directiva. No se informa tampoco de este hecho al resto de sociedades musicales como si no fuera relevante que prácticamente un 20% del entramado asociativo haga una enmienda a la totalidad sobre el trato que se da a las escuelas de música dentro de la FSMCV.

La política de Comunicación de la FSMCV, ¿a quién sirve?

Otro de los puntos de fricción es la comunicación. Es notorio que en la legislatura que finaliza ahora, la FSMCV no ha mejorado su proyección pública y presencia mediática ni los mecanismos de participación y escucha hacia las entidades federadas. Tras un periodo oscuro de gasto derivado de la pandemia –oscuro por el exceso de coste frente a lo presupuestado y por la aparente contratación de familiares de personas relevantes de la organización para llevar trabajos en temas de comunicación federativa– se ha pasado a que la ciudadanía en general y los centenares de personas que viven cercanas al mundo de las sociedades musicales en el tejido social carecen de información porque la FSMCV ha roto los lazos con el periodismo especializado, a quien ha aislado incluso en su gabinete de prensa, para intentar sabotearlos. Incluso la desaparición de quién era responsable de comunicación de la entidad tras diez años de servicios –desconocemos si se trata de despido o renuncia puesto que nada ha trascendido–, no ha merecido la más mínima información por parte de los responsables federativos. Atrás quedaron los tiempos de los cuatro presidentes anteriores dónde se invitaba a toda la prensa a acudir a las Asambleas. La oscuridad informativa reina hoy sobre entorno asociativo.

En este contexto, la Asamblea del 6 de junio adquiere un valor simbólico importante. Aunque formalmente se trata de una sesión ordinaria para aprobar documentación económica y de actividad, muchas sociedades musicales la interpretan como una oportunidad para visualizar el nivel real de apoyo con el que cuenta la actual dirección.

Y aunque el vicepresidente más activo últimamente de la entidad se haya postulado ya en conversaciones privadas como reemplazo para Daniela González, a la sazón empleada y responsable del negocio de aquel en Castellon, es previsible que los malos hábitos y nulos resultados en los que la FSMCV ha caído en los últimos tiempos continuarán con cualquiera de ellos, sin que dicho cambio aventure variaciones en el talante, transparencia y eficacia hacía la mejora de las sociedades musicales y escuelas que se pide por el colectivo.

Mientras algunas voces dentro del movimiento bandístico consideran que el descontento aún no se ha traducido en una alternativa organizada –aunque hay rumores–, sí parece existir un clima de creciente cuestionamiento que podría tener consecuencias de cara al próximo proceso electoral de la Federación previsto para el otoño.

Por ahora, el debate se centra más en la gestión del descontento que en nombres concretos.