La Pau de Beneixama  ha presentado un escrito en el que reclama que el proceso electoral que culminará el próximo 24 de octubre se desarrolle con reglas conocidas, garantías de imparcialidad e igualdad de oportunidades para todas las candidaturas.

El documento, fechado el 11 de septiembre y firmado por su presidente, Guillermo Valdés Sanz, plantea ocho bloques de cuestiones y solicita una respuesta formal y por escrito de la Federación.

La iniciativa se produce después de la convocatoria de las elecciones en el transcurso de la 58.ª Asamblea General, prevista en Onil, y en un contexto en el que ya existe una candidatura alternativa a la actual dirección federativa encabezada por Elizabeth Carrascosa.

En las últimas semanas, Carrascosa ha defendido públicamente una FSMCV «más cercana, más útil, más participativa y más innovadora», con las sociedades musicales y sus escuelas situadas en el centro de la actividad federal.

Dimensión electoral

El escrito de La Pau adquiere además una dimensión electoral explícita. En su último apartado, Valdés Sanz comunica formalmente «mi intención de formar parte de una candidatura» y deja constancia de que la presentación del escrito no supone conformidad con las cuestiones que considera pendientes de aclaración ni renuncia a los derechos que pudieran corresponderle.

Un reglamento todavía pendiente de ratificación

Una de las principales cuestiones planteadas afecta al Reglamento Electoral. La sociedad solicita que se facilite de manera urgente su texto íntegro, así como los acuerdos de aprobación y el calendario completo del proceso.

La Pau considera especialmente relevante que, según la convocatoria recibida, el Reglamento está previsto para su aprobación por el Consejo Intercomarcal y posterior ratificación por la Asamblea General del 24 de octubre, mientras que el plazo de presentación de candidaturas finalizaría el 14 de octubre. Por ello pide que se explique cuál sería el efecto de una eventual modificación o rechazo del Reglamento por parte de la Asamblea y cómo se protegerían las candidaturas frente a cambios posteriores.

El documento reclama asimismo que se concreten todas las fases electorales —presentación, verificación, admisión, subsanación, reclamaciones y proclamación—, los plazos y las vías de revisión de las decisiones.

Neutralidad institucional y órgano independiente

Entre las peticiones figura también la incorporación expresa de garantías de neutralidad durante el periodo electoral. La sociedad pide que los recursos institucionales de la Federación —web, redes sociales, boletines, correos, publicaciones, materiales audiovisuales y actos federativos— no se utilicen para promocionar los logros o el balance de la Junta Directiva saliente en beneficio de una candidatura.

Se solicita igualmente que la Asamblea electoral no se convierta en un acto de promoción del balance de mandato y plantea, en consecuencia, que el punto del orden del día denominado «Resumen Legislatura» sea eliminado o trasladado a después de la votación.

La petición no cuestiona la presentación de cuentas, memorias e informes que estatutariamente correspondan, sino que pide que estos se desarrollen con carácter objetivo y sin mensajes de captación de voto.

El escrito reclama además un órgano electoral independiente que supervise el proceso desde la convocatoria y no únicamente desde la constitución de la Mesa Electoral. Solicita conocer su composición, sistema de designación, competencias, régimen de abstención y sustitución por conflicto de intereses y papel de la Asesoría Jurídica.

Candidaturas, participación y acceso a la información

Otro de los bloques se centra en los requisitos documentales exigidos a las candidaturas. La sociedad pide que se identifique la base estatutaria o reglamentaria de cuestiones como los avales individuales, la presentación de listas, la imposibilidad de figurar en más de una candidatura o las condiciones de subsanación.

En particular, propone que la candidatura sea presentada por la persona aspirante a la Presidencia, acompañada de la aceptación y aval individual de las 25 personas que la integren, pero sin exigir el respaldo adicional de una sociedad musical, comarca o presidencia provincial para la lista completa.

La Pau reclama también reglas objetivas sobre la representación territorial y el equilibrio entre mujeres y hombres, así como tiempos de intervención suficientes para que cada candidatura pueda presentar su equipo y programa. Propone un mínimo de 30 minutos para cada candidatura y solicita que las votaciones se celebren por la mañana, como ocurrió en el proceso anterior.

Especial relevancia tiene la petición de facilitar a las candidaturas el acceso a las reuniones y asambleas comarcales, con criterios iguales para todas, y la solicitud del listado actualizado de sociedades musicales federadas y sus correos electrónicos institucionales. La sociedad sostiene que disponer de esos canales en condiciones equivalentes resulta necesario para poder presentar proyectos y propuestas al conjunto del colectivo.

También solicita que todas las candidaturas puedan incorporar material informativo a la documentación de la Asamblea y disponer de un espacio equivalente de atención durante las pausas de la jornada.

Un debate que trasciende las reglas electorales

Las demandas de La Pau llegan en paralelo a un debate más amplio sobre el futuro de la FSMCV. En las entrevistas publicadas recientemente por este periódico, Elizabeth Carrascosa ha situado entre sus principales planteamientos una Federación que acerque la toma de decisiones a las comarcas y a las sociedades musicales, con mecanismos estables de participación y escucha. También ha defendido que la gestión debe ser una herramienta al servicio del movimiento asociativo y no un fin en sí mismo.

El escrito de Beneixama no constituye por sí mismo una impugnación del proceso electoral ni afirma que se hayan producido irregularidades. Formula solicitudes, pide aclaraciones y reclama garantías para que las reglas sean conocidas y aplicadas de forma homogénea.

La pelota queda ahora en el tejado de la FSMCV, que deberá responder a las cuestiones planteadas mientras avanza un calendario electoral que tiene el 14 de octubre como fecha límite para la presentación de candidaturas y el 24 de octubre como jornada decisiva. La forma en que se resuelvan estas peticiones puede convertirse, por tanto, en uno de los primeros indicadores sobre el grado de transparencia, neutralidad y participación con el que la Federación afrontará unas elecciones que ya han abierto un nuevo escenario interno. Y cualquier discrepancia podría ser punto de partida de una controversia incluso jurídica.